Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en alerta a JZ Internacional, un coloso del capital riesgo estadounidense, debido a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una composición societaria destinada a comprar el control en alrededor de veinte compañías empleando inadecuadamente los elementos de Gedesco, de la que JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, principal creador y director ejecutivo de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también principal creador y gestor en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 compañías, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el enfrentamiento comienza a gestarse en 2016, momento en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde entonces, se alega que se hizo un empleo indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión por medio de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de 12 filiales.
Esta estructura pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, leer más exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de dos meses.
Este escenario legal sigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los creadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras se desvelan más capas de un enfrentamiento que destaca la dificultad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y administradores en el campo del capital riesgo..